Semana del 5 de octubre de 2026

El proyecto no recorta todo, y conviene decirlo así. El gasto total crece 1,5%, y suben Salud, 4,7%, y Seguridad, 7% (Dirección de Presupuestos). Educación también crece en el total. Lo que baja está en programas concretos.

Y son programas que la gente usa. Yo elijo mi PC, que entrega un computador a estudiantes de séptimo básico, queda sin financiamiento. Los Liceos Bicentenario pierden casi la mitad de sus recursos. El Ministerio de las Culturas baja cerca de 10% y los gobiernos regionales, alrededor de 7%. El programa de la Ley Cholito queda con catorce de cada cien pesos que tenía para esterilizar, vacunar y poner chip a perros y gatos en las comunas.

El primer recorte ya entró a revisión. El fin de Yo elijo mi PC fue rechazado por la UDI, por exministras del propio sector y por parlamentarios del PDG, y el Ministerio de Hacienda se abrió a revisar la medida. El proyecto se discute en el Congreso hasta fines de noviembre.

La austeridad tiene apoyo cuando se dice en general. Casi seis de cada diez están de acuerdo con la frase del Presidente, «nunca gastar lo que no se tiene», y más de seis de cada diez justifican que se revise si quienes reciben beneficios cumplen los requisitos. Entre los menores de 35 años, en cambio, la mitad rechaza la frase, y las mujeres se reparten casi por igual (Cadem).

Lo que no está resuelto es por dónde se empieza. Casi tres de cada cuatro creen que el Estado debe aplicar políticas firmes para reducir la desigualdad (Nodo XXI). Y cuando se pregunta qué es lo más importante para la familia, generar empleo y hacer crecer la economía le gana por lejos a la seguridad (Cadem).

El Imacec de agosto cayó 1,0%, el segundo retroceso seguido. Lo arrastró la minería, que bajó 17,4%; el resto de la economía creció 1,4% (Banco Central). La noticia llegó: ocho de cada diez supieron que el dato fue negativo, y siete de cada diez creen que el estancamiento se debe a razones propias de Chile y no a la economía internacional (Cadem).

No hay una sola explicación de qué frena al país. Las respuestas se reparten casi con el mismo peso entre un Estado muy grande y un sistema político ineficiente, la desigualdad y la delincuencia. Los impuestos a las empresas, que el gobierno pone al centro, quedan al final de la lista (Cadem).

El deterioro ya entró a la casa. Casi la mitad dice que la situación de su hogar está peor que hace seis meses, cuando en agosto era 42%, y seis de cada diez ven peor la del país, cuando en agosto era 49% (Criteria). El desempleo llegó a 9,6% y pasa de 10% entre las mujeres (INE). Y la distancia sigue ahí: más de la mitad ve mala su situación personal, y la misma proporción ve buena la de las empresas (Cadem).

El jueves 1 los combustibles subieron por cuarta vez consecutiva: el diésel $95 por litro y la parafina $281,8 (ENAP). El gobierno respondió con un cupón de gas licuado que, según su propia cifra, llega a 4,8 millones de hogares. Lo que más apoyo tiene es otra cosa: más de seis de cada diez respaldan reponer el MEPCO, el mecanismo que amortiguaba esas alzas (Nodo XXI).

Las mediciones de la semana pasada van en la misma dirección. En Cadem, la aprobación bajó de 36% a 32% y la desaprobación subió de 57% a 63%, las peores cifras de su gobierno. En Criteria, 30% lo aprueba y 60% lo desaprueba, su desaprobación más alta. Una tercera encuesta, de mediados de septiembre, marca 24,5% y 60,5% (Nodo XXI).

El apoyo es más bajo entre las mujeres, los jóvenes y en Santiago. Lo aprueba una de cada cuatro mujeres, frente a más de un tercio de los hombres. Entre los menores de 30 años, menos de uno de cada cinco; entre los mayores de 65, cuatro de cada diez. Por nivel socioeconómico casi no hay diferencia (Criteria).

Entre quienes lo votaron también hay dudas. Casi cuatro de cada diez de quienes votaron por él en alguna de las dos vueltas dicen que hoy votarían distinto. Y la gestión recibe nota roja en las tres materias que se le evalúan: economía y trabajo, seguridad e inmigración (Nodo XXI).

El oficialismo llega dividido a discutir el Presupuesto. Evelyn Matthei acusó que en el gobierno hay una doble estructura de poder y que los republicanos trabajan solo con los suyos. Le respondió Arturo Squella, y el senador Javier Macaya advirtió que si al gobierno le va mal, al sector también. Los libertarios decidieron restarse de las instancias conjuntas del oficialismo.

El rechazo crece a medida que se conoce el acuerdo. En una semana, quienes saben del Escudo de las Américas pasaron de 67% a 75%. Entre ellos, el apoyo bajó de 37% a 31% y el rechazo subió de 42% a 47% (Criteria). La adhesión y la carta de los expresidentes fueron lo más comentado de la semana pasada para casi cuatro de cada diez (Cadem).

La carta de Bachelet y Boric encontró eco más allá de la izquierda. Cuatro de cada diez están de acuerdo con su petición de reconsiderar la adhesión, y tres de cada diez en desacuerdo (Criteria). El miércoles 7 el Senado hace una sesión especial con el canciller y los ministros de Defensa y de Seguridad Pública, y sigue corriendo el plazo de 30 días que la Cámara le dio al Presidente para informar qué compromisos asumió.

En Brasil habrá segunda vuelta. En la primera, el domingo 4, Flávio Bolsonaro superó por poco al presidente Lula da Silva, y los dos se enfrentan de nuevo el 25 de octubre. Lo que se juega va más allá de Brasil: con Estados Unidos buscando alinear a América Latina con su agenda de seguridad y comercio, el resultado pesa en si Sudamérica conserva un contrapeso. Brasil tiene además cerca de un cuarto de las reservas mundiales de tierras raras.

El cabo Cristopher Aguilera fue asesinado en Lo Espejo y, una semana después, el sargento segundo Jaime Urrea en Quilleco. El primer caso fue la noticia más importante de la semana pasada para una de cada cuatro personas (Cadem). El Presidente llamó al Congreso a acelerar su agenda de seguridad, y la alcaldesa de Lo Espejo advirtió que los recursos para recuperar barrios no alcanzan.

La semana legislativa quedó concentrada en seguridad y migración. En tabla están los requisitos para acceder a la libertad condicional, las reglas de uso de la fuerza, la expulsión administrativa y el tráfico de migrantes.

Pedir orden no es lo mismo que aceptar cualquier cosa. Casi la mitad rechaza que el Presidente pueda decretar, sin pasar por el Congreso, un estado de excepción de hasta ocho meses con suspensión de derechos; lo apoya cerca de un tercio (Nodo XXI). Los senadores Squella, Longton y Araya anunciaron una reforma constitucional de seguridad alternativa a la del gobierno, sin el estado de excepción de 120 días.